¿Cuando estoy frente a un caso de acoso sexual u hostigamiento laboral?

Por Bárbara Espinosa Lizcano

ElUniversal

Debido a la atmósfera de machismo en la que vivimos, hemos normalizado situaciones en las diversas relaciones que como humanos sostenemos.

Una relación humana que vulnera particularmente a las personas, es la laboral, debido a que implica una subordinación de facto.

Ni hombres, ni mujeres, estamos exentos de sufrir acoso u hostigamiento sexual en el área de trabajo, por ello, es de especial necesidad poder detectar los mismos cuanto antes.

Iniciando con el tema, podemos preguntarnos si el acoso sexual y hostigamiento son sinónimos.

Para responder esta pregunta, podríamos atender a la Ley Federal del Trabajo y sus definiciones sobre el acoso sexual y el hostigamiento laboral.

Ley define en su artículo 2ndo Bis el hostigamiento como: “el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas”.

De la mano de esto, define el acoso sexual como: “una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos”. Sobre esta definición, debemos atender que “no existe la subordinación”, pues, legislación comparada afirma que puede existir o no subordinación y aun así configurarse el acoso sexual.

Entonces, podríamos diferenciar el hostigamiento y el acoso en que para configurar el hostigamiento se requiere la reiteración de los eventos. En otras palabras, es necesario que se realice más de una vez la acción hostigadora.

¿Quién o quienes pueden ser víctimas de acoso sexual y/o hostigamiento en el área de trabajo?

Si bien, el acoso sexual laboral perpetuado a mujeres es, una realidad muy latente debido a la discriminación en el área laboral por género; No solo las mujeres podemos sufrir las consecuencias del acoso y/o hostigamiento laboral.

Los actos de acoso pueden generarse entre hombres, entre mujeres o entre mujer y hombre. Así mismo, puede ser una o más victimas con uno o más perpetuadores/as.

En temas de las áreas donde puede gestarse el acoso, previamente, la Corte ha resuelto que el acoso y/o hostigamiento, puede generarse entre jerarquías ascendientes, descendientes y horizontales.

Sobre lo anterior, una jerarquía ascendiente sería la perpetuada por un trabajador/a de menor jerarquía laboral a un trabajador/a de mayor jerarquía laboral.

Un acoso en jerarquía descendiente sería donde el perpetuador es un trabajador/a de mayor jerarquía laboral a un trabajador/a de menor jerarquía laboral.

Finalmente, un acoso en jerarquía horizontal sería donde el perpetuador es un trabajador/a de igual jerarquía laboral que el trabajador/a víctima del acoso.

¿Qué hacer frente a un acoso laboral?

La Ley Federal del Trabajo, incluye en sus disposiciones la causal de rescindir el contrato laboral sin responsabilidad del trabajador/a, el haber sufrido acoso y/o hostigamiento laboral.

Por otra parte, también incluye la causal de rescindir el contrato laboral sin responsabilidad del patrón/a el caso de haber advertido o sufrido acoso y/o hostigamiento por del trabajador/a quien se va a rescindir ya sea, él/la patrona u otro trabajador/a.

Así como también prevé una sanción al patrón/a que sea omiso ante una denuncia de acoso de uno de sus trabajadores/as o que sea él mismo el perpetuador. Esta sanción es monetaria y su precio podría ser de 250 a 5000 veces el salario mínimo general.

A lo largo de la implementación de estos tipos en la Ley, muchas empresas han optado también por tener especiales protocolos para la atención de este tipo de relaciones toxicas.

Es muy importante que, si eres trabajador/a o patrón/a estés consiente de esta realidad y de como actuar en caso de llegar a ser, o conocer una víctima del acoso sexual u hostigamiento laboral.

Fuentes:

[1] Fotografía obtenida de http://www.eluniversal.com.mx

[2] Ley Federal del Trabajo (1 de abril de 1910 / 14 de marzo de 2016)

Bárbara Espinosa Lizcano es estudiante de octavo semestre de la FLDM. 

Aviso: En el presente espacio de diálogo y encuentro jurídico, las opiniones expresadas por cada autor son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, no representando de forma alguna el criterio de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey o de alguno de sus Centros Institucionales.

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¿Cuales son los Modelos de Responsabilidad Penal en las Personas Jurídicas y el Compliance Penal?

compliance

 Por: Óscar Leonardo Ríos García.

El sistema jurídico mexicano ha estado en constante transición. Se han llevado a cabo reformas constitucionales de gran relevancia como la de derechos humanos, la nueva Ley de Amparo, y desde luego, la reforma de 2008 que establece la implementación del nuevo sistema penal acusatorio y oral.

La instauración de este nuevo sistema trae consigo la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales (en adelante CNPP), ordenamiento jurídico de carácter adjetivo que regirá en todo el territorio nacional para la substanciación de los juicios orales. Uno de los aspectos más novedosos que contiene el CNPP, es la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, una forma de responsabilidad penal sui generis que ya es viable en nuestro país.

La realidad actual en aspectos de delincuencia organizada es drástica. Los grupos delictivos que se dedican a estas acciones utilizan a empresas como instrumento para la comisión de delitos como el lavado de dinero, contra el medio ambiente, evasión fiscal, entre otros. Las cifras en México son preocupantes. En 2016, el SAT investigó a más de diez mil empresas fantasmas por la simulación de actos o por su intervención directa en ciertos delitos.[1] Lo anterior son solo algunas de las razones que motivaron la creación e implementación de esta forma de responsabilidad penal empresarial en nuestro sistema jurídico. Cabe recalcar, que también han existido posiciones que se oponen a esto, con fundamento en el principio societas delinquere non potest (las sociedades no delinquen).[2]

La experiencia en ejercicios de derecho comparado han establecido académica y legislativamente diversos modelos para atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas. El artículo 421 del CNPP, establece dos modelos de responsabilidad penal empresarial. El primero, “modelo de transferencia” (mejor conocido como “de imputación directa o de responsabilidad vicarial”), determina que una persona física comete el delito dentro de los fines de la empresa y con el objetivo de beneficiarla, teniendo como consecuencia una transferencia de responsabilidad penal a la empresa.[3] Es importante recalcar que deben comprobarse también los elementos subjetivos de la persona física, como lo son el dolo o la culpa, para que pueda transmitirse el reproche a la persona moral. El segundo, conocido como “teoría de la identificación”, se refiere a que el delito es realizado por un miembro de alta jerarquía de la empresa o, cuando existe consentimiento, tolerancia o falta de vigilancia por parte de los miembros que se encuentran en la cúspide de mando o decisión de la persona moral.[4] España también utiliza este tipo de responsabilidad directa o vicarial en su sistema jurídico, de conformidad con el artículo 31 bis del Código Penal Español. En ese sentido, es inevitable darnos cuenta de que el desahogo procesal hacia una empresa siempre irá acompañado de una persona física, así como lo maneja el sistema francés, el cual, es considerado como un sistema de “doble imputación” ya que existirán dos tipos de responsabilidades penales; la de la empresa, y la de la persona física en carácter de autor o partícipe.[5]

Por otro lado, respecto al listado de sanciones o penas que se le pueden imponer a una empresa, el CNPP establece entre ellas: multas, decomisos de objetos, suspensión de actividades, clausuras y desde luego, la pena de muerte, es decir, su disolución total.

Como es de explorado conocimiento en el derecho penal, sabemos que existen excluyentes del delito y eximentes de responsabilidad. De igual forma, el CNPP contiene las excluyentes o eximentes de responsabilidad aplicables para las personas jurídicas que lleguen a ser investigadas y procesadas de algún delito. Para lograr esto en un juicio, es donde entra la novedosa figura del “Compliance Program” o mejor conocida como “Programa de Cumplimiento”. Estos programas son los que eximirían la responsabilidad o atenuarían la pena a una empresa en un juicio penal.

Un Compliance es un documento que establece una serie de pasos, reglas o lineamientos detallados que deben cumplir a cabalidad todos los miembros de una empresa, independientemente del nivel de jerarquía en el que se encuentren. El Dr. Miguel Ontiveros Alonso, ha establecido que “los compliance programs se reflejan en instrumentos de distinta índole, desde circulares internas que establecen criterios de actuación, pasando por manuales operativos, hasta protocolos unificados para la toma de decisiones”[6]. Entonces, hoy en día las empresas deben realizar sus programas de cumplimiento con ciertos requerimientos para que resulten efectivos como medio de defensa en un juicio penal. Para la validez y eficacia de un Compliance Program en materia penal, éste debe tener las siguientes cinco fases:

  1. Elaboración de un diagnóstico para la detección de riesgos.
  2. Diseño de reglas mínimas de autorregulación.
  3. Capacitación y evaluación periódica del personal de la empresa.
  4. Implementación de un sistema de denuncias interno y externo.
  5. Implementar un sistema de supervisión y sanción liderado por un Compliance Officer.[7]

Para concluir, el Compliance es un requisito indispensable que debe estar perfectamente diseñado por especialistas en distintas materias, según el giro de la empresa, ya que su objetivo es proteger a la persona moral en caso de existir imputación penal, y así salir absuelta ante la acusación de la fiscalía o mínimo, atenuar una sentencia de las que contempla el CNPP.

Fuentes:

Legislación:

[1] Decreto publicado el día 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación.

[2] Código Nacional de Procedimientos Penales.

[3] Código Penal Español- Ley Orgánica 5/2010.

Doctrina

[1] El Economista. “El SAT investiga a 10,000 empresas que podrían ser fantasmas”, publicado el 29 de noviembre de 2016. Disponible en línea: http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2016/11/29/sat-investiga-10000-empresas-que-podrian-ser-fantasmas

[2] Heine, Gunter. “La Responsabilidad Penal de las Empresas: evolución internacional y consecuencias nacionales”. Editorial Lima, 1996. Disponible en línea: http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/anuario/an_1996_04.pdf

[3] Coaña Be, Luis David. La responsabilidad penal de las empresas: México, Manuales del Centro Carbonell, 2016, pág. 50-51.

[4] Ídem.

[5] Cesano, José Daniel. “Problemas de responsabilidad penal de la empresa”. Pág. 21. http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20080521_58.pdf

[6] Ontiveros Alonso, Miguel. ¿Para qué sirve el compliance en materia penal? (A propósito del Código Nacional de Procedimientos Penales). Pág. 142.

[7] Ídem.

Oscar Leonardo Ríos es Licenciado en Derecho por la Universidad Marista de Mérida.

Sobre Oscar, él es estudiante de maestría en defensa fiscal y administrativa y se ha desempeñado tanto en el ámbito público como en el privado. En el ámbito público trabajó en la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y actualmente se desempeña como abogado postulante en materia administrativa, familiar, penal, propiedad intelectual y migración. A su vez, es también asesor externo de distintas empresas a lo largo del país, Además de miembro de diversas asociaciones civiles.  Lo podemos seguir leyendo en sus columnas en: el Diario de Yucatán, La Jornada Maya, “Derecho en Acción” del CIDE, Revista Nexos y Revista El Mundo del Abogado.

Aviso: En el presente espacio de diálogo y encuentro jurídico, las opiniones expresadas por cada autor son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, no representando de forma alguna el criterio de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey o de alguno de sus Centros Institucionales.

 

¿Qué sabemos de Estados Unidos y el derecho a portar armas?

armas

Por: Iñigo Villarreal Grijalva.

Esta vez, no tengo intensiones de hablar de tema doctrinal. El día de hoy, hablaré de un tema que ha tenido mucha relevancia a nivel global a causa de un país que, honestamente, cada día nos sorprende más. En este artículo trataré el derecho a portar armas, haciendo énfasis en Estados Unidos por los recientes acontecimientos que se han presentado en dicho país, ya que este país ya ha sufrido suficientes incidentes similares, y no parece haber consecuencias con respecto a la regulación de armas pues esta reforma sigue quedando un tanto corta para la realidad.

Para poder iniciar este texto, me gustaría repasar la segunda enmienda constitucional de los Estados Unidos de América, la cual dice:

 “Amendment II: A well-regulated militia, being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms, shall not be infringed.”

Al traducir este texto, el resultado es el siguiente: “una milicia bien regulada, siendo una necesidad para la seguridad del Estado libre, el derecho del pueblo de poseer y portar armas no podrá ser infringido” siendo esta enmienda aquella que en Estados Unidos le brinda a sus ciudadanos el derecho de portar armas de manera libre, pero, ¿Al hacer un ejercicio de interpretación podemos concluir que esta enmienda sigue siendo relevante en el presente? Si y no, ¿Por qué? Porque esta enmienda no surgió a partir del deseo de defensa que muchos argumentan esta enmienda, sino de la necesidad de garantizar la libertad del pueblo y el derecho a levantarse en contra de gobiernos tiranos.

Los tiempos han cambiado, y hoy en día esta libertad de poder ir a un Walmart y comprar un rifle de asalto se ha tornado en algo incluso siniestro. Lo anterior, teniendo en consideración que un arma no deja de ser una herramienta para matar como hemos podido ver en Estados Unidos en los siguientes eventos:

  • Octubre 1, 2017, Las Vegas.- 58 muertos
  • Junio 12, 2016, Orlando.- 49 muertos
  • Abril 16, 2007, Virginia tech.- 32 muertos
  • Diciembre 14, 2012, Newton Connecticut (primaria de Sandy Hook).- 27 muertos

Estas son tan solo las 4 balaceras más fuertes que se han visto en los últimos años en Estados Unidos, pero no son las únicas. Al menos en los últimos 15 años pordemos contar hasta 18 incidentes similares, con mínimo 8 personas inocentes muertas.

¿Cuáles han sido las declaraciones con respecto a una nueva regulación sobre el armamento en este país? Bueno, todos estamos conscientes de la típica frase “Its my right to bear weapons and you can´t take it from me” lo cual, hasta cierto punto, es comprensible. Finalmente, al dia de hoy, es un derecho constitucional la portación de armas pero esta no ha sido la única respuesta. Tomo como ejemplo lo dicho por la National Rifle Association (NRA) con respecto a Sandy Hook para entender hasta donde están dispuestos a defender su derecho a portar armas. La NRA no consideró nuevas regulaciones, sino tener las escuelas armadas y preparadas para tener este tipo de incidentes. Consideremos nuevamente lo expuesto solo para notar lo irresponsable que es.

Para este punto, es relevante citar el artículo décimo de nuestra Constitución el cual dice expresamente que:

“Artículo 10.- Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.”

Mediante éste artículo nos damos cuenta de que nosotros mexicanos también tenemos dicho derecho pero hay una enorme diferencia entre EE.UU. y nosotros sobre este tema. Esta diferencia versa en el distinto manejo de sistemas jurídicos, como sabemos, aquí en México tenemos un sistema fundamentado en códigos y leyes. Por otro lado, en EE.UU. se rigen por el sistema de Common Law lo que al analizarlo podemos concluir que los límites de este tipo de artículos constitucionales no estén en códigos como en nuestro caso, si no que se basen más en precedentes judiciales. Para hacer una comparación correcta, es útil tomar en cuenta al primo hermano de EE.UU. Australia.

Australia sufrió una tragedia enorme en abril de 1996, con la masacre de Port Arthur en Tasmania, en la cual murieron al menos 35 personas. Ante una situación como esta, ya sabemos cuál es la reacción del gobierno estadounidense; un par de discursos, hablar sobre las víctimas, entrar en luto y ver como el pueblo se vuelve loco con tan solo sugerir cambiar un poco el derecho de adquirir y portar armas. Este no fue el caso en Australia. Después de esta masacre, se tomaron medidas inmediatas sobre las leyes de armamento con las que se contaba en dicho país, se retiraron una gran cantidad de armas en los 6 Estados de los que se compone Australia, se prohibieron en su totalidad las armas semi automáticas y escopetas. ¿Cuál fue el resultado? Una baja drástica de este tipo de incidentes.

Australia ha sido un ejemplo sobre la regulación de armamento, siendo incluso aclamada por la administración del presidente Obama. ¿Es tan difícil para Estados Unidos comenzar por hacer lo mismo?

Bibliografía:

Iñigo Villarreal es estudiante de sexto semestre de la FLDM.

Aviso: En el presente espacio de diálogo y encuentro jurídico, las opiniones expresadas por cada autor son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, no representando de forma alguna el criterio de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey o de alguno de sus Centros Institucionales.

¿Qué te hace cambiar de opinión?

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Por: Josafath Salazar Orozco 

Existe una comunidad en el internet que titula su página: Change My View.[1] El objetivo de este grupo está centrado alrededor de la idea de que para resolver las diferencias entre personas, es necesario comprenderlas primero. Básicamente, cualquier persona puede ingresar una entrada con alguna postura sobre cualquier tema, junto con un breve razonamiento que la motive. La comunidad interesada posteriormente responde a la publicación con sus propios argumentos contradictorios. Si el usuario encuentra que su opinión efectivamente fue persuadida, lo puede demostrar otorgándole un delta (∆) al comentario. La dinámica funciona gracias a que los usuarios generalmente publican sus entradas en buena fe; en ánimos de que su punto de vista cambie.

Por otro lado, sería importante indagar sobre lo que ocurre cuando se argumenta con la mentalidad opuesta. Seguramente todos nos hemos encontrado en situaciones semejantes. Aquellas circunstancias en las que por más que la discusión estalla y los argumentos vuelan de un lado al otro, ambas partes saben que ninguna realmente busca entablar un diálogo. Lo que se desea es meramente manifestar una postura superior que desacredite a la contraria.

Algo más preocupante es que después de este tipo de discusiones, uno halle que su opositor se encuentra aún más reticente en cuanto a la aceptación de la idea opuesta. Como si aquel intercambio de argumentos no sirvió para cuestionar y tal vez debilitar su posición, sino para fortalecerla.

De manera paradójica, estas situaciones parecen estar cada vez más presentes en la era de la información; tan solo con analizar algunas discusiones políticas en línea puede uno apreciarlo vivamente. El fenómeno psicológico descrito ha sido denominado como el efecto backfire, por provocar una consecuencia opuesta a la que se buscaba.[2] Su estudio se ha hecho sólo de manera reciente y sus resultados revelan mucho de lo que ocurre en la mente de alguien que se rehúsa a cambiar de opinión.

La raíz del problema no se encuentra en la calidad de la evidencia contraria, sino en la actitud con la que se recibe aquella información. Estudios recientes han revelado que la gente tiende a recibir y aceptar información con mayor rapidez, cuando ésta confirma sus creencias preexistentes.[3] Lo anterior se manifiesta rutinariamente al momento que uno se sube a la báscula de peso. Cuando aquélla nos da información desfavorable, tendemos a subirnos de nuevo varias veces, sólo para asegurarnos que no haya sido una especie de error; al recibir un peso satisfactorio no lo pensamos dos veces y procedemos a continuar con nuestro día y un mejor humor. Lo mismo ocurre, aun cuando ese escrutinio parcial de información puede representar un costo monetario.[4] A esto se le conoce como escepticismo selectivo así como razonamiento motivado y ambos son complementarios al efecto backfire. Poseemos mecanismos mentales que ofuscan nuestro criterio, protegiéndonos de una posible ruptura a la realidad que creemos conocer.

Cuando nos encontramos con información que pone en juego nuestra manera de actuar, de vivir y de pensar, se activa este efecto de manera inconsciente e instintiva. Comenzamos por analizar la evidencia de manera más detallada a lo acostumbrado, recibiéndola con un sentimiento nauseabundo. Lo mencionado está confirmado por estudios que analizaron la actividad neural al momento de recibir evidencia contraria a la postura política de una persona. Las conclusiones revelaron que la reacción en el cerebro es idéntica a la que se presenta en la amígdala—estructura reguladora de emociones y de reacción a amenazas—cuando una persona se encuentra en una situación de peligrosidad.[5] Esto no ocurre ante cualquier creencia, sino sólo ante las que están relacionadas con la identidad de una persona.

Al agregar algo a nuestro conjunto de convicciones centrales, hacemos todo por protegerlo. Negar, justificar o simplemente desacreditar la fuente de donde proviene información adversa, constituyen el escudo usado por nuestro subconsciente. Al concluir este proceso, la creencia en cuestión sólo termina fortaleciéndose, aun estando en presencia de evidencia contundente.

El fumador que justifica o ignora los efectos adversos de su vicio; el petrolero que desacredita aquellas fuentes que alertan sobre el cambio climático; el político que exclama “fake news” cuando lo critican. Manifestaciones puras del efecto backfire y de la ineficacia de argumentar con meros hechos.

En una modernidad de intensas divisiones políticas e ideológicas, es imprescindible entablar diálogos que guíen hacia un franco intercambio de ideas mediante las cuales surja el crecimiento intelectual. El paso lógico ante estos planteamientos sería buscar la manera de desactivar estos mecanismos en las mentes de aquellos con quienes discutimos. Sin embargo, resultaría más que presuntuoso partir de la premisa de que uno siempre está en la razón y por lo tanto hay que ayudar a escapar de su sesgo a aquellos confundidos que discrepan vanamente. Más provechoso sería que todos identifiquemos nuestros propios prejuicios y parcialidades. Comenzar a autoanalizar las posturas propias de manera abstracta, partiendo de la posibilidad de que uno siempre puede caer en el error al engañarse a sí mismo, a fin de proteger su concepción del mundo.

Ante el giro divisivo que ha dado nuestra sociedad, es necesario buscar focos de discusión sincera y considerar regularmente la posibilidad de que defendemos una postura parcial y errada. Estos centro de diálogo en siglos pasados se hacían llamar ágoras y tertulias; en el siglo XXI se llaman internet o Change My View.

La búsqueda por la verdad nos concierne a todos. Como una comunidad de operadores jurídicos, esta tarea no sólo nos es lógica sino que es el paso razonable que precede a nuestro objetivo primordial: la justicia. Esta responsabilidad no es sólo con la profesión sino también con nuestro país y con un mundo que cada vez más encuentra razones para dividirse y abandonar su común humanidad.

[1] https://www.reddit.com/r/changemyview/wiki/index

[2] https://www.dartmouth.edu/~nyhan/nyhan-reifler.pdf

[3] https://facultystaff.richmond.edu/~bmayes/pdf/ImOK_YoureBiased_NYT.pdf

[4] http://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1005684

[5] https://www.nature.com/articles/srep39589#results

Imagen de Rick McKee – Walker Recall Backfire (The Augusta Chronicle, 2012)

Josafath Salazar Orozco es estudiante de quinto semestre de la FLDM. 

Aviso: En el presente espacio de diálogo y encuentro jurídico, las opiniones expresadas por cada autor son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, no representando de forma alguna el criterio de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey o de alguno de sus Centros Institucionales.

¿Qué nos enseña el caso Mara Castilla?

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Por: Daniel Sánchez Alatorre

#SiMeMatan, no quiero ser una #NiUnaMenos

Mara Castilla, este es el nombre que ha hecho que las personas han tomado como estandarte para una vez más realizar comentarios negativos acerca del movimiento feminista.

Tras la confirmación del asesinato de la joven el pasado 15 de septiembre del presente año, quien murió por estrangulamiento y golpes severos tras sufrir abuso sexual, cuyo cuerpo fue lanzado a una barranca en Xonacatepec por Ricardo Alexis N, chofer de Cabify, diversos usuarios en redes sociales han decido culpar a la joven por su asesinato.

Comentarios que ofenden a la joven, que la culpan por estar sola, por la manera en que se vestía, por decidir salir de noche, porque debía saber el riesgo que hay, por no estar en casa estudiando, por “jugar con fuego”. La mayoría de hombres que deciden demostrar su machismo extremo tras una tragedia como esta, y me pregunto, ¿realmente el Estado Mexicano y su ciudadanía se preocupa por nuestras mujeres?

Ante tal pregunta, me veo con la sorpresa que son más las razones que hay para decir que no, que para decir que sí, ¿por qué? Porque a diario se escucha un nuevo feminicidio, porque el número de investigaciones abiertas por feminicidios aumenta y las resoluciones siguen pendientes, porque los Estados que activan alerta de género cada vez son más.

Me doy cuenta constantemente los hombres estamos del lado del opresor, por callar cuando escuchamos un comentario misógino, cuando nos reímos de los chistes machistas, cuando aseguramos que es una “exageración” esas cosas que nos cuentan, cuando creemos que nuestra opinión vale más, al decir que un piropo es un halago, al hablar cuando debemos callar, al querer adueñarnos de una lucha, al no tener respeto por tragedias como esta.

Esta es una entrada para los hombres, para invitarnos a reflexionar, ¿cuántas veces hemos tenido miedo a transitar en la calle? ¿Cuántas veces hemos tenido que declarar que si nos matan fue porque nos gustaba salir de noche y tomar cerveza, así como Mara lo hizo cuando asesinaron a Lesby?

El día de ayer, una marcha exigiendo justicia por el feminicidio de Mara se dio inicio frente a la Catedral a las 4:00 p.m.. Espero que los hombres que nos atrevimos a estar ahí hayamos gritado #YoSoyMara sin que nuestra masculinidad se vea afectada. En verdad espero que hayamos más que queramos ser parte de aquellos que no culpamos a la víctima por su asesinato, sino al homicida.

Daniel Sánchez Alatorre es estudiante de noveno semestre de la FLDM.

Aviso: En el presente espacio de dialogo y encuentro jurídico, las opiniones expresada por cada autor son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, no representando de forma alguna el criterio de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey o de alguno de sus Centros Institucionales.

¿Tenemos Un Derecho Masculino?

abogado hombre

(Durante siglos, el epítome del “buen abogado” se ha retratado como un hombre.)

Por Bárbara Espinosa Lizcano

“Se supone que la ley es racional, objetiva, abstracta y de principios, como hombres; no se supone que sea irracional, subjetivo, contextualizado o personalizado como las mujeres”

– Frances E. Olsen.

¿El haber sido un área dominada por varones durante tanto tiempo ha generado que tengamos un “Derecho masculino”? Y, de ser así ¿qué pasará con el Derecho ahora que muchas mujeres lo practican también? [1]

Primero, el presente artículo sugiere analizar si las mujeres continúan haciendo el trabajo legal como los hombres o si se ha generado algún cambio. Para a partir de ahí, observar la posible necesidad de cambiar el concepto de lo que “es un abogado”, estudiando los objetivos y trabajos de las mujeres abogadas. Y así, aproximarse a investigar si la presencia femenina ha causado cambios institucionales en dicha disciplina.

Psicólogos como Chodorow, Dinnerstein, Miller, Schaef, y posteriormente Gilligan, encuentran que las mujeres se crean una imagen de sí misma mediante las relaciones que establecen con otros, haciéndolas esto más predispuestas a las emociones. Mientras que, los hombres se identifican a sí mismos como individuos independientes. Debido a lo anterior, se sostiene que ellas se desempeñan permeando su trabajo con valores emocionales.

Para esclarecer el tema, me serviré del ejemplo producto de la investigación de Gilligan [2]. En este proyecto, ella cita a dos sujetos de estudio, Jake y Amy. A ambos se les presenta el siguiente dilema: La esposa de Heinz está muriendo de cáncer y, requiere una droga que tiene fijado un precio más allá de las posibilidades de Heinz. La pregunta que se les plantea a los dos es: ¿Debería Heinz robar la droga?

Jake, un niño de once años, percibe el problema como un tema de equilibrio de derechos. La vida vale mucho más y por ello Heinz debería robar la droga. Amy, una niña de once años, percibe el problema diferente. Ella quiere saber más hechos y, como lo haría un “mal estudiante de Derecho”, no sigue el pensamiento en silogismo. Ella pregunta si Heinz y el farmacéutico buscaron otras opciones, o si Heinz podía recibir un crédito. Se pregunta por qué no podían simplemente sentarse y hablar para que el farmacéutico llegaría a ver la importancia de la vida de la esposa de Heinz. En términos de Gilligan, Jake explora el dilema de Heinz con “la lógica de justicia “, mientras que Amy utiliza la “ética del interés” [3].

Sobre estos estudios surgieron fuertes críticas, inclusive de la misma doctora, que sostienen que esa misma conducta se debe a un sistema de educación indirecto o directo basado en la maternidad. La opresión misma en la que han sido desarrolladas las ha atado a sentirse más emocionales, vulnerables o inferiores, a un nivel subconsciente o consiente, frente al hombre. Debido a eso sería necesario estudiar la conducta de mujeres no oprimidas (lo que es, sin duda, imposible en la sociedad actual) para entender si realmente poseen estos atributos por el simple hecho de ser mujeres.

Como añadidura, debemos entender también que el atribuir aspectos a un sexo ha acarreado la perpetuación de estereotipos que por años han catalogado la femineidad o lo femenino como inferior, subordinado a aquello que es masculino o varonil.

Un ejemplo real de la subordinación de los valores femeninos frente a los masculinos podría ser el de un hombre que posee una cualidad que comúnmente es atribuida a las mujeres como lo sería la sensibilidad. Éste, se enfrentaría con aseveraciones comunes en el área como: “Es muy sensible, no podría soportar ser abogado penal”. Y, por otro lado, encontramos a mujeres con cualidades comúnmente atribuidas a hombres recibiendo a tono de halago un: “Ella es muy dedicada, trabaja como hombre”.  Ambas, demostraciones son latentes en el mundo de la profesión jurídica.

Independiente a lo anterior y, rechazando la subordinación de los sexos, entendemos que para efectos de este artículo si existen diferencias entre hombre y mujeres como la autora Beauvoir lo ha desarrollado ya antes [4]. Entendiendo esta realidad, inerte a los estereotipos, podemos aceptar de forma lógica que ninguna disciplina estaría completa si no tiene tanto aportaciones de mujeres como de hombres.

Retomando la pregunta inicial ¿se debe esperar que la mujer acarré un concepto de abogacía distinto? Aún no sabemos si el sexo se conducirá distinto o si generaría cambios en el Derecho al verse aumentando en número sobre dicha carrera. Lo que sí es relevante tomar en cuenta es que, si miramos a abogadas en tiempos pasados debemos verlas como mujeres que han podido adoptar las reglas masculinas en su actuar y por ello han triunfado en el área. No al revés.

Aún encontramos la necesidad de una mayor masa para poder darle entera expresión a la mujer abogada. Porque si bien, existen voces femeninas, siguen siendo en presentación masculinizada de las mismas.

Sin duda, es necesario generar un despertar en las mujeres para la inclusión del dialogo sobre la disciplina legal bajo la idea que esto producirá un mejor sistema judicial para abogados, clientes y otros operadores jurídicos. Y, para finalizar, y para no dejar un mal sabor de boca sobre las palabras del doctor Olsen, replico aquí la cita completa:

“Se supone que la ley es racional, objetiva, abstracta y de principios, como hombres; no se supone que sea irracional, subjetivo, contextualizado o personalizado como las mujeres. Las prácticas sociales, políticas e intelectuales que constituyen una “ley” fueron llevados a cabo durante muchos años casi hombres. Dado que las mujeres estuvieron largamente excluidas de la práctica del Derecho, no debe sorprender que los rasgos asociados con las mujeres no sean muy valorados por el mismo. Además, en una especie de círculo vicioso, la “masculinidad” de la ley se utilizó como justificación para excluir a las mujeres de la práctica ley. Si bien el número de mujeres en el Derecho ha ido aumentando rápidamente el campo, este continua siendo fuertemente dominado por el varón.”

[1] Menkel-Meadow, Carrie. Portia In A Differet Voice: Speculations on a Women’s Lawyering Process. Berkley Journal Of Gender, Law & Justice. Volumen 1. Edición 1. Artículo 2. Septiembre 2013.

[2] Gilligan, Carol. In A Different Voice: Psychological Theory And Women’s Development. p. 6-23 (1982).

[3] Lo expuesto en términos del razonamiento de ambos sujetos y la relevancia que tiene la configuración de los mismos, puede leerse a mayor profundidad en: Menkel-Meadow, Carrie. Toward Another View of Legal Negotiation: The Structure of Problem Solving. 31 UCLA L. REV. 754 (1984).

[4] Beauvoir, Simone. El segundo sexo. (Le Deuxiéme Sexe) 1949.

Bárbara Espinosa Lizcano es estudiante de septimo semestre de la FLDM. 

Aviso: En el presente espacio de diálogo y encuentro jurídico, las opiniones expresadas por cada autor son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, no representando de forma alguna el criterio de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey o de alguno de sus Centros Institucionales.

¿Realmente contribuyen las cuotas de género a la igualdad?

gender equal opportunity or representation

Por: María Santos Villarreal.

Para responder a esta pregunta, es necesario primero conceptualizar tanto la discriminación como las cuotas de género.

La discriminación es una práctica que consiste en dar un trato desigual y perjudicial a una persona o grupo de personas que comparten ciertas características entre sí, motivado por cuestiones de raza, color de piel, origen étnico, identidad de género, expresión de género, condición de discapacidad, edad, orientación sexual, estado civil, condición de salud, nacionalidad, religión, situación migratoria o, como dice nuestra Constitución Política Federal: cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”[1] La discriminación provoca y perpetúa la desigualdad.

Existen varias maneras de combatir la desigualdad desde el gobierno. A grandes rasgos, podrían clasificarse en dos grupos distintos: las medidas formales y las sustantivas. En las formales entran las normas constitucionales y legales que se incorporan en el sistema jurídico; en las sustantivas entran las políticas públicas[2], entre otras. Lo contrario a la desigualdad es, por supuesto, la igualdad. La igualdad entre las personas consiste en que se reconozca formalmente que todas tienen los mismos derechos y que en la realidad todas gocen de dichos derechos, sin discriminación.

La igualdad formal no es más que la igualdad ante la ley lato sensu; ésto es, que todas las personas son iguales a los ojos de nuestro sistema jurídico. Sin embargo, la igualdad formal se ve truncada en muchas ocasiones por cuestiones de hecho, como la discriminación que sufren las personas. De aquí surge el concepto de igualdad real, que consiste en que verdaderamente las personas experimenten en su vida los derechos que formalmente se les han reconocido.

Ahora bien, habiendo explicado lo anterior, cabe responder: ¿qué son las cuotas de género? Son una acción afirmativa que consiste en imponer la obligación al Estado y a los partidos políticos de que cierto porcentaje de las representantes y candidatas sean mujeres. Recordemos que una acción afirmativa es una medida temporal que se toma para tratar de igualar materialmente las diferencias en condiciones políticas, sociales, culturales y económicas entre un grupo vulnerable y el respectivo grupo privilegiado, mismas que se han dado por una discriminación histórica, institucional y sistemática que ha sufrido dicho grupo vulnerable.

Line Bareiro, Clyde Soto y Lilian Soto (2007) refieren que las cuotas de género son “una forma de acción positiva cuyo objetivo es garantizar la efectiva integración de mujeres en cargos electivos de decisión de los partidos políticos y del Estado”. En este sentido, existen tres tipos de cuotas de género, mismas que afectan tres distintas etapas del proceso electoral:

  1. Puestos reservados para mujeres.- Este tipo de cuota de género obliga a los partidos a reservar cierto número de puestos una vez concluido el proceso electoral. Por ejemplo: si la legislación obliga a los partidos a reservar 50% de los curules en una elección al Congreso de la Unión a mujeres; si de los resultados de la jornada se obtiene que les tocan 10 curules de representación proporcional, entonces mínimo 5 de esos curules necesariamente deberán ser para mujeres.
  2. Porcentaje reservado para candidatas.- Este tipo de cuota de género consiste en obligar a los partidos a postular en sus listas de candidaturas a cargos de elección popular un cierto porcentaje de mujeres. Por ejemplo, si la legislación obliga a reservar un tercio de las candidaturas a alcaldías a mujeres y hay 51 municipios en Nuevo León, entonces deberán haber por lo menos 17 candidatas mujeres a los Ayuntamientos de todos los municipios neoleoneses (independientemente de si eventualmente ganan o no la elección estas personas).
  3. Cuotas en los estatutos internos de los partidos políticos.- En este caso, no se trata de una obligación que le impone la legislación a los partidos, sino más bien una que voluntariamente adoptan los mismos, ya que consiste en que se les garantice cierto porcentaje de participación a las mujeres para puestos directivos dentro del partido y para participar en los procesos internos de definición de candidaturas.

En consecuencia, las cuotas de género ayudan a asegurar la igualdad entre hombres y mujeres en el poder, permitiendo la representación política de estas últimas.

No obstante lo anterior, las cuotas de género son una medida limitada, ya que la representación política que garantizan no necesariamente es sustantiva. Para entender a qué nos referimos cuando hablamos de representación sustantiva, es necesario establecer la diferencia entre ésta y la representación descriptiva.

La representación descriptiva consiste en la similitud de intereses y características físicas o socio-económicas entre las personas representadas y sus representantes. Por otro lado, la representación sustantiva consiste en que las personas representantes efectivamente encaminan sus acciones a defender  los intereses de sus representadas.

La diferencia principal entre la representación descriptiva y la sustantiva es que en aquélla importa quién es la persona representante y en ésta importa qué hace esta representante.[3]

Así, resulta claro que una representación descriptiva –a lo que ‘le tiran’ las cuotas de género– no conlleva necesariamente a una representación sustantiva. Dicho en otros términos, que exista paridad en el Congreso de la Unión, por poner un ejemplo, no asegura que las mujeres que lo integran van a defender los intereses de ese colectivo.

Pero, ¿cuáles son los “intereses de las mujeres”? En el ámbito jurídico-político, podría decirse que, a grandes rasgos, consisten en la protección de los derechos sexuales y reproductivos, el respeto a la diversidad sexual, el reconocimiento a los derechos laborales de las madres, la configuración de legislación adecuada en materia de abusos sexuales, entre otros temas.

El problema con la definición de “intereses de las mujeres” es que quizá puede realizarse una aproximación a éstos (como con los ejemplos que en el párrafo anterior se enuncian), pero lo cierto es que las mujeres son un colectivo heterogéneo y, por tanto, sus intereses son diversos. No son los mismos intereses los de una mujer migrante indígena que los de una mujer blanca clase-mediera, por ejemplo. Este problema hace más difícil todavía una verdadera representación sustantiva.

No obstante, aunque las cuotas de género estén limitadas en ese sentido, lo cierto es que sin la representación descriptiva que garantizan, no habría forma de que pudiera tenerse en la mira la representación sustantiva.

Por eso las cuotas de género sí contribuyen a la igualdad, porque sin mujeres en el poder, no hay defensa de los intereses de este colectivo, en general.

O sea, sí es verdad que la representación descriptiva que aseguran las cuotas de género no necesariamente conlleva representación sustantiva (volvemos al concepto de igualdad real), pero también es cierto que no es posible que exista representación sustantiva sin representación descriptiva.

Mientras los hombres continúen dominando los puestos de poder, tanto dentro del Estado como dentro de los partidos políticos, los intereses de las mujeres continuarán siendo de segundo plano.

María Santos Villarreal es estudiante de noveno semestre de la FLDM.

Aviso: En el presente espacio de dialogo y encuentro jurídico, las opiniones expresada por cada autor son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, no representando de forma alguna el criterio de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey o de alguno de sus Centros Institucionales.

  • Aramara González Schont, Celine Françoise. De la representación descriptiva a la representación sustantiva. Análisis de las cuotas de género en los congresos estatales en México. México, Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2016.
  • Bareiro, Line, Soto, Clyde y Soto, Lilian. La inclusión de las mujeres en los procesos de reforma política en América Latina. Estados Unidos de América, Banco Interamericano del Desarrollo, 2007.
  • Aguilar Villanueva, Luis. Política pública. México, Escuela de Administración Pública del Distrito Federal, 2010.

[1] Artículo 1º, quinto párrafo, CPEUM.

[2] Según Luis Aguilar Villanueva (2010), una política pública es un conjunto de acciones orientadas a resolver problemas considerados de interés público, cuya intencionalidad y causalidad están definidas por la interlocución entre gobierno y ciudadanía, que han sido decididas por autoridades públicas legítimas y que han sido ejecutadas por actores gubernamentales.

[3] Según Celine Françoise Aramara González Schont, en su interesantísima tesina de Maestría: De la representación descriptiva a la representación sustantiva. Análisis de las cuotas de género en los congresos estatales en México.